En pleno debate sobre la atención al final de la vida y la despenalización de la eutanasia en Francia, una delegación parlamentaria liderada por Agnès Firmin Le Bodo, ministra delegada de la Organización Territorial y Profesiones Sanitarias, y Olivier Véran, ministro delegado encargado de la Renovación Democrática y portavoz del Gobierno francés, ha mantenido un encuentro con representantes de diversas instituciones y entidades españolas, entre ellas SECPAL, para conocer la situación en nuestro país.

Durante la reunión, que ha tenido lugar en la Embajada de Francia en España, Juan Pablo Leiva y Helena García-Llana, presidente y vicepresidenta de SECPAL, han puesto en valor el hecho de que las autoridades francesas, ante un debate social y político análogo, y a diferencia de lo ocurrido en nuestro país, hayan querido abrir un espacio de reflexión y diálogo previo al desarrollo normativo sobre la posible regulación de la eutanasia y el suicidio asistido.

En este sentido, los representantes de la sociedad científica han trasladado a los asistentes al encuentro algunas observaciones que, a juicio de SECPAL, deben tenerse en cuenta para asegurar una atención integral y de calidad al final de la vida, que prioritaria y necesariamente debe garantizar unos cuidados paliativos adecuados a todas las personas que los requieran. “No concebimos una Ley de Eutanasia sin una Ley de Cuidados Paliativos dotada con un presupuesto apropiado”, han expresado Juan Pablo Leiva y Helena García-Llana, quienes han recordado la necesidad de tener presente que “detrás de cada petición de eutanasia hay una persona que sufre”.

Con esta perspectiva, y bajo la consideración de que la eutanasia debe concebirse “como un recurso de excepcionalidad“, han manifestado que, ante una situación de sufrimiento, “las posturas polarizadas generan daño” en las personas afectadas.

En cuanto a la aplicación de la ley vigente en España, han señalado que las actitudes de rechazo o confusión que a menudo manifiestan los profesionales ante un procedimiento de eutanasia o suicidio asistido están relacionadas en buena medida con el déficit de formación que existe en las titulaciones universitarias de Ciencias de la Salud sobre la atención al sufrimiento humano.

Del mismo modo, el presidente y la vicepresidenta de SECPAL han criticado que, en España, la formación de los equipos involucrados en la gestión de los procesos de solicitud de la nueva prestación de ayuda para morir se iniciara un año después de la entrada en vigor de la ley, aprobada el 24 de marzo de 2021.

Durante el encuentro en la Embajada de Francia, también se han abordado otras cuestiones relacionadas con la atención al final de la vida, como la objeción de conciencia, la planificación compartida de la atención o el tortuoso acceso a los recursos sociales para quienes se enfrentan a un proceso de enfermedad avanzada o a un pronóstico de vida limitado. Una realidad que, como destaca el Dr. Leiva, genera dolorosas paradojas, ya que mientras una solicitud de eutanasia suele resolverse en un periodo de entre 30 y 50 días, las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia pueden tardar hasta un año en llegar a las familias.

A la reunión, en la que también ha participado Laurence Arseguet, de la asociación española Derecho a Morir Dignamente (DMD), han asistido Christèle Gautier, consejera encargada de las cuestiones de fin de vida; Abel-Marie Soullier, consejero parlamentario; Ludovic Péreira, jefe de gabinete; Edouard Schmidt, consejero de Comunicación y Prensa, y las diputadas Béatrice Bellamy y Emeline Kbidi, así como los siguientes expertos: Olivier Mermet y Anne-Marie Colliot, presidente y directora de la Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos (SFAP); Pauline Boillet, del Ministerio de Sanidad, M. Champvert, de la Asociación de Directores Gerentes de Residencias para mayores (ADPA); Anne Masselin-Dubois, secretaria general de la Sociedad Francesa de Investigación y Tratamiento del Dolor (SFETD), y Mireille Jarry, consejera de Asuntos Sociales de la Embajada de Francia.